Nuevo escándalo de espionaje en el Ejército en plena pandemia: Uribismo nuevamente involucrado

El ejército de Colombia utilizó los recursos de los Estados Unidos para espiar a periodistas estadounidenses, ONG locales y políticos, e incluso al presidente Ivan Duque y el ex jefe de gabinete de lsquo; s, según el semanario Semana.

Semana semanal reveló el viernes evidencia de que entre los 130 objetivos de las operaciones de espionaje ilegal se encontraban periodistas del New York Times y el Wall Street Journal, principales senadores de la oposición, comandantes militares e incluso Jorge Mario Eastman, quien renunció como jefe de gabinete de Duque el año pasado .

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La información sobre las prácticas de espionaje ilegal se envió al Centro Democrático, Semana ya lo había revelado en enero.


El ejército de Colombia espió a los tribunales, políticos y periodistas: informe

Extracto del archivo en el ex corresponsal de NYT. (Imagen: Semana)

Si bien las prácticas de espionaje ilegal ya se conocían, el alcance de la actividad criminal de los militares en supuesta colusión con el partido gobernante no lo era.

Según Semana, la embajada de EE. UU. Ya había retirado el equipo de espionaje proporcionado al ejército después de sus revelaciones iniciales, antes de saber que el ejército colombiano estaba usando el dinero del contribuyente estadounidense para espiar a periodistas estadounidenses.

En el caso del ex corresponsal del New York Times, Nicolas Casey, los militares crearon una carpeta completa en la que intentaron mapear los contactos de los reporteros. El archivo de Casey incluía incluso a un ex interno estadounidense de Colombia Reports.

«A los estadounidenses no les va a gustar que parte de su propio dinero, de sus contribuyentes como dicen, se haya desviado de los propósitos legítimos para los que se les dio, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, terminó siendo utilizada para cavar en el vidas de periodistas de importantes medios de su propio país. Esto va a ser un desastre.»:  Participante anónimo en prácticas ilegales de espionaje

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El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, uno de los objetivos de inteligencia del ejército colombiano, anunció que tomaría medidas en Washington DC en enero.

Las incoherencias de Ministro de Defensa

Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (Imagen: Ministerio de Defensa)

En una conferencia de prensa apresurada, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que 11 oficiales militares fueron despedidos y que un general se retiró después de las revelaciones hechas por la revista.

Trujillo, quien supuestamente intentó bloquear una investigación de la Corte Suprema sobre las prácticas de espionaje en diciembre del año pasado, no reveló las identidades de los funcionarios.

Según el ministro de Defensa, los militares y la Oficina del Inspector General han estado investigando el espionaje desde enero, contradiciendo una afirmación previa de que esta supuesta investigación ya había comenzado en diciembre.

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“En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles.”: Revista Semana

En las carpetas de ‘trabajos especiales’ también aparecen varios de los integrantes del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de los falsos positivos.

Además de periodistas, hay abogados que trabajan en derechos humanos que fueron objeto del mismo perfilamiento.

Por ejemplo, ‘Rutas del Conflicto’ , ‘El Portal Periodístico que sigue el Rastro del Conflicto Armado en Colombia’,  denunció que 18 de sus periodistas fueron victimas de estas prácticas que pueden ser calificadas como delincuenciales.

En total serían 130 personas (periodistas, políticos, sindicalistas, militares) de los que se tienen carpetas con información personal abiertas por inteligencia militar.

El contexto

El pasado 18 de diciembre de 2019, tras el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia en el Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, una comisión de la Corte Suprema de Justicia encontró que este grupo de miembros de la Fuerza Pública estaba dedicado a hacer inteligencia de 130 personas, entre las que están periodistas, políticos, sindicalistas, generales y varias ONG.

Estas investigaciones hasta ahora no han llevado a ninguna parte.

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