Más de 100.000 nuevos desempleados debido a la partida de Uber

Como parte de la acostumbrada política Colombiana de resolver los problemas del país mediante paños tibios en lugar de tratar de solucionarlos correctamente, Uber ha sido arbitrariamente obligada a cesar sus operaciones en el país.

Debido a las exigencias de influyentes sindicatos de taxistas y Zares de este tipo de transporte, desde hace más de cinco años el poder legislativo se ha hecho “el de la vista gorda” para no actualizar las leyes en materia de transporte en la era de los servicios digitales.

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Y es que la decisión tomada por un Juez no es sólo arbitraria, como ya ha sido afirmado por Uber, sino que también resulta ridículo que parte del argumento del demandante tuviera como base la alegación de competencia desleal y un supuesto robo de los usuarios.

Primero porque aunque uno de los Zares de taxis alega que compiten desigualmente contra Uber, es obligación de las entidades gubernamentales tratar de eliminar las condiciones que originan la competencia desigual, por ejemplo removiendo o balanceando las cargas que el sistema pone a cada competidor, contrario a lo que hicieron arbitrariamente eliminando de la competencia una de las partes involucradas.

Lo que innegablemente viola uno de los principales objetivos del estado social de derecho en el que afirma que Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Muy contrario a la indiferencia del legislativo para actualizar las normas en materia digital, ignorando el interés general de los comsumidores, trabajadores y una de las partes involucradas (Uber).

Segundo, aunque según un Zar de los taxis, Uber genera un desvío de los usuarios mediante prácticas ilegales, el bloqueo de Uber no puede obligar a los consumidores a usar los servicios de taxis, sino que al contrario se debe proteger la libertad de los consumidores de elegir qué servicios usar, pero también establecer condiciones de competencia justa para los ofertantes.

Finalmente, aunque el gobierno se atreva a ignorar a los millones de ciudadanos que reclaman soluciones en materia legislativa para el tema, sí es seguro que es necesario actualizar esas leyes que funcionaban para un mercado de hace 20 años, y lo ideal para todos es que esto sea hecho lo más pronto posible.

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Opinión de la actual vicepresidenta sobre el tema en 2015

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