Gobierno pide a la ONU que extienda el monitoreo del proceso de paz mientras lucha por mostrar progreso

Las autoridades de Colombia el miércoles lucharon por anunciar el progreso en la implementación de un acuerdo de paz de 2016 con el desmovilizado FARC días guerrilleros en medio de una presión creciente.

El presidente Iván Duque se reunió con las Naciones Unidas y  el jefe de la misión, Carlos Ruiz, y solicitó a la ONU que extienda su misión de verificación del proceso de paz hasta que deje el cargo de la presidencia en 2022.

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El mandato actual de la misión finaliza el próximo año, mientras que las preocupaciones sobre los retrasos en la implementación efectiva del acuerdo y las posibles consecuencias violentas de esto están creciendo.

En diciembre, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, destacó una serie de fallas del gobierno y persistentes preocupaciones de seguridad en su informe trimestral al Consejo de Seguridad.

Días antes de que el consejo debatiera este informe, Duque, sorprendentemente, solicitó la extensión de la supervisión de la ONU y convocó a la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para encontrar soluciones para la violencia política en curso.

Después de la reunión que se supone que se realizará cada mes, los altos funcionarios luchan visiblemente para presentar nuevas propuestas o resultados.

La novedad

Comandante de la Policía Nacional General Oscar Atehortua (Captura de pantalla: YouTube)

La única novedad que siguió a la reunión de la comisión fue anunciada por el jefe de la Policía Nacional, general Oscar Atehortua, quien anunció que la policía había creado una lista de los “Más buscados” de 30 personas presuntamente involucradas en el creciente número de asesinatos de miembros de las FARC.

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Otros funcionarios simplemente reiteraron que las estrategias existentes estaban avanzando o presentaron números que no tenían sentido.

El juego de los números

 

Fiscal jefe interino Fabio Espitia (Captura de pantalla: YouTube)

El fiscal general interino Fabio Espitia, por ejemplo, dijo que su oficina podía “aclarar” 90 de 196 “actos de agresión” contra miembros de las FARC.

Esto significa que la fiscalía ha identificado sospechosos en menos de la mitad de los asesinatos y desapariciones forzadas de ex guerrilleros, “que es mucho más alto que el promedio nacional”.

Espitia no dijo cuántos de estos sospechosos fueron arrestados o condenados.

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El fiscal general también dijo que su oficina había logrado “un principio de aclaración del 52,32%” de 336 asesinatos de líderes sociales verificados por las Naciones Unidas desde 2016.

Atehortua aclaró que 74 presuntos asesinos, 24 presuntos conspiradores y 10 presuntos autores intelectuales fueron arrestados el año pasado. Cuántos de estos sospechosos fueron condenados es incierto.

La humillación militar

 

Comandante de las Fuerzas Armadas, General Luis Navarro (Captura de pantalla: YouTube)

“En los eventos esporádicos que han ocurrido contra estas personas por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, los procesamientos han sido completos e inmediatos”, dijo Espitia antes de alejarse del micrófono.

Irónicamente, la noticia del comisionado de paz Miguel Ceballos fue su anuncio de que el presidente se reuniría con el representante de víctimas Leyner Palacios en el momento de la conferencia de prensa.

Lo que nadie sabía era que el líder social estaba entregando una carta al presidente en la que acusó a los militares de trabajar junto con el grupo paramilitar AGC , la mayor organización mundial de tráfico de drogas, según los Estados Unidos.

Lea También: Líder social a Duque:Niegue que el ejército de Colombia está trabajando junto con narcoparamilotares”

Pese a lo anterior, es necesario reconocer, contrario a la actitud autoritaria de Duque durante el año pasado, que el Gobierno del actual presidente de Colombia está asumiendo una actitud más democrática y conciliadora hacia la sociedad. Lo que incluye los esfuerzos innegables en materia  de implementación de algunos puntos de los acuerdos de Paz.

Sin embargo, la actitud del Gobierno no es del todo justa socialmente pues varios de los puntos del acuerdo de Paz que dan mayor participación a los comunidades y territorios afectados por la violencia, aún siguen sin recibir la atención del Gobierno que pareciera ignorar la implementación de esos puntos.

Pero por otro lado, las comunidades varias veces re victimizadas, han realizado varias denuncias en las que se pone de manifiesto que la mayor parte de los recursos para la implementación de los acuerdos son mayormente usados en procesos burocráticos que drenan esos recursos sin que las comunidades vean mejoras en materia de justicia social, seguridad, participación política y desarrollo sostenible.

De hecho varios líderes sociales y la comunidad exigen que lo acordado en los acuerdos de paz se implemente completamente en las regiones: la reforma rural que comienza con el PDET (Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para el fortalecimiento de la participación política de las comunidades a través de [16 escaños en el Congreso para regiones devastadas por la guerra], una reforma política, protección integral para excombatientes y comunidades, la sustitución de cultivos ilícitos y la persecución efectiva de la cadena del narcotráfico “.

No obstante, el gobierno parece nuevamente negarse a escuchar las varias veces ignoradas voces de las víctimas, como la de humildes campesinos, lo que sin duda tendrá consecuencias para Duque y varias ramas del poder Político de Colombia, consecuencias ciertamente severas y difíciles de imaginar pues la deuda social del estado crece cada vez más, así como el precio que el poder político tendrá que pagar por ella.

Para agregar a lo anterior, ya recaen sobre el Gobierno de Duque acusaciones de narcotráfico contra algunos altos mandos militares, como por ejemplo la del líder social entregada en una carta al presidente en la que acusó a los militares de trabajar junto con el grupo paramilitar AGC , considerado la mayor organización mundial de tráfico de drogas según los EE.UU.

La acusación dió pie para que Petro y varios de sus partidarios políticos difundieran mensajes acusando al Gobierno y al poder político de supuestamente conformar un narcoestado defensor de las condiciones que generan, en el mayor de los casos, que algunos ciudadanos paradójicamente vean en el narcotráfico y cultivo una opción para salir de condiciones inhumanas.

En la misma línea, como pañitos de agua tibia ha sido calificada la decisión del gobierno de posiblemente continuar la fumigación que busca disminuir los cultivos ilícitos del narcotráfico, además la mayoría de nuevos gobernadores declararon rechazar que se reanude este tipo de actividad ampliamente cuestionada y rechazada por ambientalistas y expertos en el tema.

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